Personas Jurídicas | responsabilidad | sociedad

Parte I. Necesidad de implementación de la responsabilidad penal corporativa en el sistema penal boliviano

Introducción

El Proyecto de Código del Sistema Penal (PCSP) trae consigo –entre muchas novedades legislativas- la responsabilidad penal de la persona jurídica; entendiendo ésta última como toda entidad de derecho privado, excluyendo las personas jurídicas de derecho público.

Pues bien, la receptación de esta nueva institución jurídica no es pacífica, en tanto nuestra economía jurídica fielmente tributaria del sistema jurídico romano germánico no concibe –aún- la idea que las personas jurídicas podrían cometer ilícitos, esto principalmente por la carencia volitiva de actuar autónomamente de su sustrato material (las personas naturales que forman parte de aquellas), a pesar de que la doctrina y legislación penal contemporánea ya ha teorizado y aceptado tal posibilidad.

En ese sentido, creemos que el porvenir de una verdadera transformación de la justicia penal en Bolivia, pasa no por descartar llanamente la responsabilidad penal corporativa –como algunos académicos bolivianos lo han realizado hasta ahora- sino más bien, por analizar y teorizar si la propuesta de responsabilidad penal de las personas jurídicas del PCSP se sustenta en necesidades fácticas reales de la sociedad, si aquella responsabilidad tiene encaje constitucional, cuál es el modelo de responsabilidad penal que se está trasplantando, y cuáles son sus límites constitucionales.

Pues bien, este artículo pretende abordar únicamente la ocurrencia de necesidades fácticas para la implementación de la responsabilidad penal de la persona jurídica en Bolivia; para posteriormente, en otros artículos, abordar las cuestiones dogmáticas penales y constitucionales específicas de la temática.

 

Personas jurídicas: Sujeto de derechos y obligaciones

Se entiende que las personas jurídicas son una creación del ordenamiento jurídico, en tanto se realiza sobre entes que tienen un substrato humano, lo cual permite justificar jurídica y fácticamente la extensión de la personalidad jurídica a sujetos que por sí mismos no la tendrían.

Ahora bien, la existencia  de  las  personas  jurídicas  como  sujetos  de  derechos  viene  justificada fácticamente por la necesidad  -desde su origen- de los  grupos  humanos  de conseguir  ciertos  fines  sociales que superan las posibilidades de acción de los individuos aislados.

En ese sentido, la persona jurídica tiene la capacidad jurídica que el ordenamiento jurídico le haya atribuido y en la amplitud que el haya decidido, además de la capacidad de obrar conforme a derecho. Si bien la persona natural es el único sujeto capaz de actuar por sí mismo en la vida jurídica, las personas jurídicas se ven obligadas  a  actuar  a  través  de  las  personas  naturales  que la integran;

“empero, para el ordenamiento jurídico, los efectos de los actos que realizan los órganos y personas naturales que conforman la persona jurídica no se imputan a  los  individuos  que  los  llevan  a  cabo,  sino  a  la  persona  jurídica  a  la  que representan”.

En ese orden de ideas, el ordenamiento jurídico boliviano reconoce expresamente a la persona jurídica como sujeto de derecho y obligaciones, inclusive de derechos fundamentales, véase los arts. 14-III y 52-II, IV y 410 de la Constitución boliviana, lo cual permite concluir que:

las personas jurídicas son actores relevantes con capacidad jurídica de atribuírsele responsabilidad –penal en este caso- por el incumplimiento de obligaciones impuestas a aquellas, como son la prevención de ilícitos penales y la obligación de respetar –no vulnerar- los derechos fundamentales de sus stakeholders”.

 

Del “societas delinquere non potest” al “societas delinquere potest”

Una de las bases de la tradición del sistema romano germánico, es la responsabilidad de la persona individual, en base a la cual se desarrolla todo un entramado teórico dogmático del derecho penal. El conocido principio de: “Societas delinquere non potest”, las sociedades no pueden delinquir, establecía que una persona jurídica no puede cometer delitos por carecer de voluntad; es decir, no se podía atribuir responsabilidad penal a acciones que sean llevadas a cabo por entidades abstractas, es decir por personas jurídicas.

Desde el siglo pasado y comienzos del presente siglo, venimos siendo testigos del trasplante de ciertas instituciones propias del sistema jurídico anglosajón en nuestra economía jurídico-penal, por ejemplo: el precedente contradictorio, el jurado penal, la oralidad del proceso penal y ahora la pretendida responsabilidad penal corporativa. Esto nos lleva a la ineludible conclusión de que hemos transitado –sin marcha atrás- hacia un sistema jurídico penal con vasta influencia del sistema jurídico anglosajón, en el cual el principio “societas delinquere non potest” no tiene cabida desde sus orígenes, sino más bien el principio “societas delinquere potest”, las sociedades pueden delinquir, por lo cual:

no podemos desconocer y simplemente descartar, sin teorización alguna, la receptación de aquél principio en el PCSP, como ha venido haciendo la doctrina penal boliviana a la fecha.”

 

Receptación de la responsabilidad penal corporativa en el Proyecto del Código del Sistema penal boliviano

Debemos entender la responsabilidad como la consecuencia jurídica que tienen las personas ante un acto determinado; no tendría que importar si hablamos de una persona natural o jurídica, pues tanto las personas naturales como jurídicas son sujetos de derechos (inclusive titulares de derechos fundamentales) y obligaciones.

En el caso de la responsabilidad penal estamos ante una consecuencia  de un acto u acción que es socialmente reprochable y por lo tanto la sociedad acuerda que esa conducta no puede repetirse estableciendo una sanción, por lo que el acto tendrá una consecuencia jurídica necesaria, que es la atribución de responsabilidad y la sanción será el mecanismo que busca motivar para que no se repita un acto no deseado o reprochable.

El PCSP en cuanto al elemento específico de la responsabilidad penal de la persona jurídica, toma posición en cuanto al tránsito de un sistema legal a otro, como se tiene referido líneas arriba, e introduce la responsabilidad penal autónoma de la persona jurídica en su arts. 71 y 73.”

Esta propuesta legislativa tamizada por un análisis de técnica legislativa permite apreciar una pobre o nula explicación sobre los motivos (fácticos y jurídicos) de la incorporación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, haciendo una superficial referencia a un sistema de responsabilidades penales orientado en una moderna dogmática penal.

“Pues ante esta carencia, creemos que la doctrina penal boliviana –y la constitucional- debería llenar el vacío teorizando los pro y los contra de la pretendida responsabilidad penal corporativa, y no descartarla de plano, sin ningún tipo de argumento”.

 

Necesidad de implementación de la responsabilidad penal corporativa

La interrogante es pues clara: ¿es viable la transición e incorporación de la responsabilidad penal corporativa en nuestro ordenamiento jurídico?

Veamos un caso común: “un vehículo afiliado a una asociación de transporte (persona jurídica), prestando el servicio de transporte, por negligencia del conductor, provoca un accidente, produciendo lesiones gravísimas a un menor de edad y varios pasajeros sufren daños personales de consideración, ¿será justo que solo se sancione penalmente al conductor del vehículo involucrado, cuando dicha conducta es repetida a diario en otros conductores de la misma persona jurídica?, y además, ¿habrá alguna forma de motivar la conducta de otros conductores para no repetir ese mal comportamiento (negligencia en su conducción)?

De este ejemplo de ocurrencia normal y constante en el país, surge varios cuestionamientos de la sociedad a los órganos públicos de control y hacia las mismas personas jurídicas (asociación de transportistas), lo cual se traduce en la existencia de una necesidad fáctica real y concreta de implementar la responsabilidad penal corporativa, a efectos de que la sanción penal se extienda a la asociación de transportistas, en tanto aquella tiene la obligación de implementar modelos  de  organización  y  gestión  que  incluyan  medidas  de  vigilancia  y  control a sus afiliados (conductores) para  prevenir  ilícitos penales (como las lesiones gravísimas culposas) o  para  reducir  de  forma significativa el riesgo de su comisión.

De la misma manera, en el ejemplo anterior podemos incorporar varios elementos que nos permite entender mejor la necesidad de implementar la responsabilidad corporativa en Bolivia:

a) El carácter pluri-ofensivo de la acción o conducta reprochable, en esta parte vemos que tenemos como bien jurídico protegido no sólo la seguridad de las vías de transporte, que es algo genérico sino también la integridad de las personas que se encuentran en las vías y en los vehículos.

b) La posición de garante de la asociación de transporte, ya que en muchos casos los usuarios acuden a la asociación por un prestigio ganado que tiene la referida asociación, constituyéndose ésta en garante de la actuación de sus socios.

c) Los derechos fundamentales de usuarios y consumidores se encuentran también afectados en el acto cuestionado de nuestro ejemplo.

d) Finalmente, el principio y valor justicia como un pilar importante, el mismo que junto a los ya mencionados tornan viable la implementación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, buscando en la orientación de la Ley Fundamental constituir una sociedad más justa.

Conclusión

Las necesidades fácticas de la sociedad contemporánea demanda que todos los sujetos de derecho tengan responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones, sea por acciones u omisiones; en ese sentido, siendo que en la actualidad las personas jurídicas ya no se consideran solo como entidades aisladas y abstractas; sino más bien, como actores relevantes, en tanto sus actividades, de manera significativa y determinante, impactan los DDHH de la sociedad, las autoridades, sus accionistas y sus clientes, pues queda claro que es viable receptar la responsabilidad penal corporativa.

En ese sentido, analizar y teorizar la propuesta de responsabilidad penal de las personas jurídicas del Proyecto de Código del Sistema Penal es pues una de las obligaciones principales que debe realizar la doctrina penal boliviana.

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Por: Carlos Miranda Ramirez
CEO de Carlos Miranda Ramirez
Razonamientos Constitucionales

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Steven Herrera Justiniano
Director de Asuntos Penales y Constitucionales
de Herrera & Abogados

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