Contenido

  • Introducción
  • Definición de riesgo constitucional corporativo
  • Facetas del riesgo constitucional corporativo
  • Conclusiones

Introducción

En la actualidad, las empresas ya no se consideran solo como unidades aisladas de producción económica; sino más bien, como actores relevantes y sujetos de derecho y obligaciones, en tanto sus actividades, de manera significativa y determinante, impactan en los DDHH de sus stakeholders (partes interesadas) como son: la sociedad plural, las autoridades, sus accionistas y sus clientes.

En ese sentido, desde el año 2011, se predica la responsabilidad de las Empresas de respetar los DDHH [1]; es decir, una responsabilidad jurídica de no vulnerar (prestación negativa) los DDHH de sus stakeholders en sus actividades corporativas, tanto internas como externas, mediante mecanismos de prevención y mitigación  (prestación positiva) de riesgos que ocasionen consecuencias negativas sobre los DDHH.

 

Definición de riesgo constitucional corporativo

¿Qué es un riesgo constitucional corporativo?

Precisamente, de esta responsabilidad jurídica de las empresas se predica un nuevo tipo de riesgo corporativo, donde el punto neurálgico no es el grado de efectividad del cumplimiento normativo (corporate compliance) o la minimización de consecuencias negativas para las empresas, sino el grado de impacto o consecuencias negativas para los DDHH de las actividades empresariales [2].

Pues bien, este nuevo riesgo se concibe como un “riesgo  constitucional corporativo”, en tanto los DDHH se encuentran reconocidos y protegidos en la Norma Fundamental de un Estado, y éste es por excelencia es el sujeto de responsabilidad internacional en casos de vulneración de DDHH; por lo que la Constitución de un Estado representa para las empresas un triple riesgo: como norma imperativa, como parámetro hermenéutico vinculante y como fuente invalidante de las actividades empresariales.

En ese orden de ideas, se define el riesgo constitucional corporativo como “la posibilidad real o potencial de consecuencias negativas para los DDHH de los stakeholders corporativos, como resultado de las acciones u omisiones  de las empresas en el ejercicio de sus actividades”.

De esta definición, podemos extraer uno de los componentes centrales que conforman el riesgo constitucional corporativo, nos referimos a los stakeholders corporativos -o partes interesadas- en tanto aquellos se conciben como:

“cualquier grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la organización” [3].

En otras palabras, los stakeholders son todas las personas naturales y/o jurídicas (de derecho privado o público) que son afectadas por las actividades de la empresa, o que tienen influencia o poder sobre la actividad empresarial, o tienen un interés en su conclusión exitosa o fracasada.

 

Facetas del riesgo constitucional corporativo

¿Qué facetas componen el riesgo constitucional corporativo?

Si bien la naturaleza del riesgo constitucional corporativo es diferente de los riesgos corporativos clásicos o conocidos (legales, financieros, etc.), éste se nutre de aquellos para el análisis e implementación de mecanismos de prevención y mitigación (prestación positiva) de riesgos que ocasionen consecuencias negativas sobre los DDHH; en otras palabras, precisamente para poder materializar la responsabilidad de las empresas de respeto a los DDHH en su prestación positiva.

En ese sentido, el riesgo constitucional corporativo presenta dos facetas que deben ser entendidas por las empresas para cumplir su responsabilidad jurídica de respetar los DDHH.

Aquellas facetas son:

Faceta de prestación negativa (finalidad a cumplir por las empresas)
  • Resiliencia y sostenibilidad corporativa de respeto de los DDHH de stakeholders.
    • Cesar las acciones que causan daño a los DDHH.
    • Cesar las acciones que contribuyen a causar daño a los DDHH.
Faceta de prestación positiva (acciones a tomar por las empresas)
  • Mecanismos de prevención de riesgos que ocasionen consecuencias negativas sobre los DDHH de los stakeholders.
  • Implementación de políticas de diligencia debida en DDHH.
  • Implementación de programas corporativos de compliance enfocado en DDHH.
  • Programas de reparación de integral.

Riesgos-Constitucionales-Corporativo

Conclusiones

El riesgo constitucional corporativo se debe constituir en la actualidad en uno de los ejes centrales de la gestión integral de riesgos corporativos, en tanto no solo supone consecuencias negativas para los DDHH de los stakeholders corporativos, sino también consecuencias negativas para la empresa misma, como sujeto de derecho, al generarle conflictos y contingencias que en definitiva afecten directamente el valor de la corporación o de sus activos.

La gestión del riesgo constitucional corporativo persigue la disminución de las probabilidades de los impactos negativos en los DDHH de los stakeholders de una empresa, y, al contrario, busca aumentar las probabilidades de que se genera una cultura empresarial de respeto de los DDHH en un determinado país o región.

En ese sentido, en Carlos Miranda Ramirez – Razonamientos Constitucionales colaboramos a las empresas a adquirir conocimiento y a implementar una gestión de riesgos constitucionales corporativos en actividades empresariales concretas.

¡Ponte en contacto con nosotros!

Escríbenos a: contacto@mirandaramirez.com

 

FUENTES

[1] Principio rector 11 y Principio rector 12 del Marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar de las Naciones Unidas (Principios de Ruggie).

[2] Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, “La Responsabilidad de las empresas de respetar los Derechos Humanos, Guía para la interpretación”, Ginebra, año 2012, p.8.

[3] FREEMAN, E., “Strategic management: A stakeholder approach”, Boston, Pitman, año 1984, p.46.