En el anterior escenario constitucional, la distribución del poder público en Bolivia obedecía a un criterio vertical rígido, que permitía la existencia de un solo nivel de gobierno –a pesar de algunas pinceladas de descentralización que devinieron con la promulgación de las leyes de descentralización- por lo que se tornaba evidente el porqué de la leyes con tintes centralistas, sobre todo aquellas que tienen que ver con el ámbito económico.

Sin embargo, con el devenir de la nueva CPE, el criterio vertical rígido sucumbe y da paso a un criterio vertical flexible, que unido a un criterio horizontal de distribución del poder público, trae una nueva dinámica estatal de ejercicio del poder, donde ya no existe solo un nivel gobierno, sino varios niveles de gobierno, dotados de competencias, recursos y una norma institucional básica (Estatutos y Cartas), pero sobre todo, de una autonomía económico-financiera para decidir qué hacer con sus recursos económicos.

Al fin, aquella autonomía económico-financiera ansiada por muchos años por las regiones, pero sobre todo por el Departamento de Santa Cruz encontraba cobijo en la CPE, traduciéndose en el poder de los Gobiernos Autónomos para regular su ingreso y gasto público, a través de una serie de competencias constitucionales en materia financiera. Lo medular de la nueva CPE, es que permite cimentar un escenario normativo propicio para el autogobierno y desarrollo de todas las regiones en Bolivia según sus propias necesidades económicas y sociales; la cual como todos sabemos fue una de las grandes patologías de la gobernabilidad centralista de Bolivia.

Sin embargo, con un ostensible criterio contrario y con una evidente tendencia centralista, la Asamblea Legislativa Plurinacional emite la Ley N° 767 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, la cual busca subvencionar un fondo de promoción de la actividad hidrocarburifera -altamente riesgosa en lo económico- mediante recursos económicos de los Gobierno Autónomos sin que éstos hayan expresado (o se la haya permito expresar) su consentimiento, aprobación u autorización previa para aquello.
Por lo expresado, es incapaz no interrogarse: ¿Acaso no aprobamos una CPE que crea un Estado con autonomías? ¿Dónde queda la autonomía económico-financiera que poseen los Gobiernos Autónomos?

Si a aquello le sumamos que los recursos económicos de los cuales pretende nutrirse el fondo de promoción que crea la Ley 767 son recursos de los Gobiernos Autónomos provenientes de la coparticipación en el IDH, cuyo destino han sido aprobados mediante Referéndum del 18 de julio de 2004, es decir, por un ejercicio de democracia directa a través del cual el pueblo boliviano decidió que aquellos recursos provenientes del IDH sean destinados para educación, salud, caminos y empleos; se torna aún más evidente que el nuevo Estado con autonomías que queríamos con la aprobación de la nueva CPE es algo ilusorio y utópico, y no porque nuestra Norma Fundamental no pueda materializarse, sino más bien, porque los servidores públicos que detentan actualmente el poder no permiten su materialización.

Quizás sería pertinente recordarles que en una de las primeras sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional referente a las autonomías en Bolivia (la SCP N° 1714/2012 de 1 de octubre, FJ. III.4.3 p. 42) se afirmó que la orientación del nuevo Estado boliviano con autonomías “tiende a descartar las tendencias centralistas y a profundizar en mayor grado y de manera progresiva y gradual, la cláusula autonómica”, criterio que no está presente en la Ley 767 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, deviniendo en contraria de los arts. 1, 270, 272 340-I y 341 numeral 2 de la CPE.