Los Estados son –y siguen siendo- los principales responsables –internacionalmente- en materias de DDHH, pero el derecho internacional y sobre todo la propia comunidad internacional tiene cada vez más en cuenta a los actores no estatales, cuya actividad es significativa y determinante en cuanto a su impacto en los DDHH; especialmente aquellos actores no estatales que operan en varios territorios y que los Estados no siempre logra controlar de manera totalmente eficaz y tempestiva.

Por actores no estatales nos referimos a las empresas, en tanto aquellas ya no son unidades aisladas de producción económica, sino actores jurídicamente responsables ante las autoridades, los accionistas y las partes interesadas sobre el impacto de sus actividades en los DDHH. Es por eso que una empresa exitosa hoy requiere la capacidad de interpretar y reaccionar ante la ley, la política y la regulación; participar en procesos de toma de decisiones de políticas públicas; gestionar el riesgo jurídico y garantizar la debida diligencia en materia de DDHH.

La relación entre Empresas y DDHH es de tal grado que incluso la jurisprudencia comparada se ha adelantado a la legislación internacional, ilustrando la necesidad y la pertinencia de reconocer y aplicar responsabilidad corporativa ante la vulneración de DDHH (ejemplos recientes como el caso Nevsun en Canadá y el caso Kiobel en EEUU).

En virtud a esta realidad y problemática, en el año 2005, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó al Secretario General de la ONU que designara a un Representante Especial para investigar una serie de temas importantes relacionados con las Empresas y los DDHH. El mandato del Representante Especial surgió de la incapacidad del Consejo de adoptar un documento conocido como Normas de las Naciones Unidas sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y otras Empresas Comerciales en la cuestión de los Derechos Humanos en el año 2004.

En abril de 2008, el Representante Especial hizo público su propuesta de marco para imponer responsabilidades en materia de DDHH a las empresas, los cuales fueron adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el año 2011, como la norma de conducta a nivel mundial que se espera de todas las empresas y de todos los Estados en relación con las Empresas y los DDHH.

Estos “Principios de Ruggie”, se sostienen en tres pilares:

  1. El deber del Estado de proteger los derechos humanos;
  2. La responsabilidad de las Empresas de respetar los DDHH; y
  3. La necesidad de mejorar el acceso a las vías de reparación de las víctimas de abusos relacionados con las Empresas.

Respecto a las empresas, según estos principios, éstas tienen la responsabilidad de respetar los DDHH, la cual se traduce en una responsabilidad binaria, en tanto tienen la responsabilidad de no vulnerar (prestación negativa) los DDHH en sus actividades corporativas, tanto internas como externas, mediante mecanismos de prevención (prestación positiva) de riesgos constitucionales corporativos.

El derecho comparado a avanzado en la materialización de los Principios de Ruggie, a través de los Planes de Acción Nacional sobre DDHH y Empresas, tales son los casos de Colombia, EEUU, Alemania, Italia y Suiza, asimismo se ha dado desarrollos legislativos interesantes como el “deber de vigilancia” en Francia y la Resolución 2015/2315 (INI) del Parlamento Europeo de 25 de octubre de 2016 sobre la responsabilidad constitucional de las empresas por violaciones graves de los DDHH en terceros países.

Ahora bien, con todo este avance en el Derecho Público Internacional y en el Derecho Público Interno comparado, corresponde analizar ¿cómo está la situación en Bolivia? Es decir, ¿aplicamos los Principios de Ruggie en Bolivia? ¿Existe un Plan de Acción sobre DDHH y Empresas en Bolivia?

Las interrogantes planteadas son pues pertinentes, por el incremento exponencial de la relación comercial y política de Bolivia con otros países y sus empresas de naturaleza transnacional, no muy amigables con los DDHH, en actividades extractivas, industriales y de servicio a gran escala; lo cual genera dos preocupaciones muy concretas sobre los DDHH en Bolivia: la cuestión laboral (de los derechos laborales y de seguridad social) y la cuestión del medio ambiente.

… en Bolivia no existe una regulación específica sobre Empresas y DDHH

Lamentablemente, hasta la fecha en Bolivia no existe una regulación específica sobre Empresas y DDHH, conforme a los Principios de Ruggie, es decir, si bien existe regulación y control sobre las empresas, éstas obedecen a parámetros de cumplimiento financiero, comercial, contractual, regulatorio, etc., pero no un parámetro enfocado específicamente en cumplimiento de los DDHH (compliance constitucional corporativo).

Esto debido a la falta de medidas por parte del Estado boliviano que promuevan el respeto de los DDHH por parte de las Empresas, y menos aún una regulación específica que muestra un esquema básico para que las Empresas gestionen el riesgo de provocar consecuencias negativas en los DDHH.

En otras palabras, resulta imperioso iniciar –como política de Estado, cumpliendo su responsabilidad de proteger y cumplir los DDHH- la construcción de un Plan de Acción Nacional sobre DDHH y Empresas que permita regular el “due diligence” corporativo, acorde a la Carta Internacional de Derechos Humanos, las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo y demás tratados sobre DDHH vigentes en Bolivia, respectos a las actividades corporativas internas como externas.