Dado los últimos hechos políticos de la región: los casos de corrupción de Odebrecht que involucran –o involucrarán- varios gobiernos latinoamericanos, las resoluciones antidemocráticas de la Sala Constitucional de Venezuela, la resolución de la OEA sobre Venezuela, la resistencia constitucional en Paraguay contra la reelección presidencial y la alerta de fraude electoral en Ecuador por el candidato opositor, nos hace interrogarnos que podría pasar en Bolivia, si continuamos transitando por un minimalismo democrático.

Pues bien, corresponde primeramente aclarar a los lectores que entendemos por minimalismo democrático. En ese sentido, afirmamos que existe un minimalismo democrático en Bolivia en tanto la democracia se concibe y se ejercita como una “democracia de electores” más no una “democracia de ciudadanos”. Esto debido a la existencia de factores patológicos en aquella, entre los principales tenemos: un ethos democrático básico y el fetichismo del Ejecutivo.

El ethos democrático básico en Bolivia deviene de un entendimiento y ejercicio de la democracia meramente formal, es decir, solo importa el elemento básico de la democracia, su origen, la legitimidad (el voto), y su aplicación, meramente mecánica, de los procedimientos en la toma de decisiones públicas.

En palabras simples, en Bolivia solo importan ¿el quién decide? y ¿el cómo se decide? las decisiones públicas, independientemente o sin importar el aspecto sustancial (contenido) de aquellas, es decir, ¿de qué viene decidido?, y si lo decidido ¿tiene límites constitucionales?

Ostensible ejemplos de esta patología existe en nuestra democracia, tomaremos dos ejemplos para ilustración:

a) la controvertida Ley de aplicación normativa y la DCP 003/2013, en tanto que solo importó que fuera realizada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y avalada por el TCP, ¿el quien decide?, mediante el procedimiento legislativo y la mayoría oficialista, y el proceso constitucional respectivo, ¿el cómo decide?, sin embargo, lo menos importante fue analizar y debatir el contenido de esa decisión pública, en otras palabras, no importó ¿de qué viene decido?, a pesar de que la misma era de carácter singular y particular, y buscaba forzar una segunda re-elección presidencial en favor de dos personas, proscrita constitucionalmente.

b) la Ley de reforma constitucional parcial y la DCP 0193/2015, en la misma sintonía que la anterior, es decir, bastó que fuera realizada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y avalada por el TCP, ¿el quien decide?, mediante procedimiento legislativo y mayoría oficialista, y el proceso constitucional respectivo, ¿el cómo decide?, sin embargo, lo menos importante fue analizar y debatir el contenido de esa decisión pública, en otras palabras, no importó ¿de qué viene decidido?, y si lo decidido ¿tiene límites constitucionales?, a pesar de que su contenido soslaya la supremacía constitucional y derechos fundamentales.

El otro factor patológico es el fetichismo del Ejecutivo, el cual menoscaba el aparato institucional del Estado y permite que éste se escinda y desentienda de su origen (la soberanía popular) que lo funda y confiere legitimidad. En palabras simples, el Ejecutivo pretende invertir la relación con el principio fundante, por lo cual el gobernante se asume como soberano, y el soberano –en un escenario de doble corrupción- se lo permite.
Lamentablemente existen muchos ejemplos de esta patología en nuestra democracia, nuevamente tomaremos dos ejemplos para ilustración:

a) la Ley de reforma constitucional parcial, la DCP 00193/2015 y la pregunta del Referendo de 21F de 2016, todos actos jurídicos del aparato institucional del Estado en favor única y exclusivamente del Ejecutivo, buscando una tercera re-elección.

b) la decisión política del Legislativo y del Ejecutivo de desconocer los resultados del Referendo de 21F de 2016, lo cual supone, quizás, la decisión política más aversiva con la democracia de los últimos diez años, en tanto el Ejecutivo busca –y buscará-que el aparato institucional del Estado (mediante el Legislativo, Constitucional y Electoral) se desentienda de su origen (la soberanía popular ejercida en el Referendo de 21F) y se absolutice, dando paso –como dice Dussel- al totalitarismo nacionalista.

En un hipotético escenario de totalitarismo, es claro que estaríamos ante una ruptura del orden constitucional, lo cual es algo –estamos convencido de aquello- que ningún boliviano y boliviana permitirá.

Pues bien, explicado la noción de minimalismo democrático, esperamos que el lector y toda la sociedad boliviana haya podido entender el riesgo de seguir transitando por un minimalismo democrático, más aún si lo que separa éste de una ruptura del orden constitucional, es una delgada línea; claro ejemplo es –lamentablemente- Venezuela.