Contenido

  1. Consideraciones previas
  2. Los “nuevos hechos” como límites a la cosa juzgada constitucional tutelar
  3. Conclusiones

Consideraciones previas

¿Qué es la cosa juzgada constitucional tutelar?

La cosa juzgada constitucional es una institución jurídico-procesal que tiene su fundamento en el art. 203 de la Constitución boliviana, mediante la cual se otorga a las decisiones emanadas del TCP el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas.

En otras palabras, la cosa juzgada constitucional se trata de:

“Un atributo de las decisiones del TCP que caracteriza un determinado conjunto de hechos o de normas que han sido objeto de un juicio de constitucionalidad por parte del TCP”.

Cuando se configura la cosa juzgada constitucional surge una prohibición para el TCP de no volver a conocer y decidir sobre lo resuelto.

Ahora bien, la cosa juzgada constitucional se puede clasificar en dos, según los tipos de procesos constitucionales de donde emerge: la cosa juzgada constitucional normativa, como atributo de las decisiones del TCP sobre cuestiones normativas y competenciales, y la cosa juzgada constitucional tutelar, como efecto de las decisiones del TCP emanadas en acciones defensa (tutelares) de Derechos Fundamentales.

En ese sentido, la cosa juzgada constitucional tutelar se define como:

“El atributo de inmutabilidad, vinculatoriedad y definitividad de las decisiones del TCP emanadas de Acciones de Defensa, que caracteriza un determinado conjunto de hechos que han sido objeto de un juicio por parte del TCP”.

Para el TCP, la cosa juzgada constitucional tutelar se “vincula con la identidad de objeto, sujeto y causa”[1] de la pretensión constitucional. En ese sentido, para que concurra la cosa juzgada constitucional tutelar debe existir necesariamente la concurrencia de las aquellas tres identidades:

“a) De sujetos: Que sean las mismas personas las que presentan la acción dirigiéndola contra iguales autoridades o particulares contra las que accionaron antes; b) De causa: El motivo, hechos fácticos que sirven de fundamento para la demanda así como su calificación jurídica (derechos o garantías invocados como lesionados), sean los mismos en ambos casos; y, c) De objeto: Que el propósito sea el mismo tanto en el primer como en el segundo amparo”[2].

Los “nuevos hechos” como límites de la cosa juzgada constitucional tutelar

¿Hechos nuevos o Nuevos hechos? Dilema de la praxis procesal

Ahora bien, la praxis procesal boliviana ha aplicado como sinónimos figuras procesales distintas como son los “hechos nuevos” y los “nuevos hechos”. En sentido, es ostensible que en el Derecho Procesal Constitucional no es lo mismo hablar de “hechos nuevos” que de “nuevo hechos”. Más aún, si lo que está en debate en las Acciones de Defensa son –precisamente- los Derechos Fundamentales.

En ese orden de ideas, se entiende por “hechos nuevos” como “el conjunto de sucesos que se conectan con la demanda o contestación y la integran, sin transformarla[3]. En ese sentido, los “hechos nuevos” tienen como frontera la imposibilidad  de  modificación  del  objeto  de  la  pretensión,  por cualquiera de sus elementos: sujetos, causa y objeto.

Pues bien, la invocación de “hechos nuevos”,  no entraña la inserción de una nueva pretensión constitucional, ni la alteración  objetiva  de  la  ya  interpuesta,  sino  el  aporte  de  circunstancias  fácticas tendientes a confirmar o completar la causa de la pretensión constitucional primigenia, no siendo posible variar los términos en los que había quedado admitida aquella.

Así, presentada y admitida una Acción de Defensa, si es posible que el accionante aporte hechos que no siendo mencionados en la pretensión, contribuyan, complemente o amplíen la causa inserta en aquella:

“bajo la única condición que tengan conexitud con el hecho inicialmente demandado, para de esta manera no vulnere el derecho a la defensa de la parte demandada”[4].

Situación distinta son los “nuevos hechos”, en tanto aquellos son, pues, hechos no inicialmente demandados en la pretensión primigenia. El punto neurálgico de los “nuevos hechos” es que se constituyen en una “circunstancia fáctica extintiva, modificativa o impeditiva”[5] de la pretensión primigenia, lo cual sería posible únicamente mediante la inserción de una nueva pretensión constitucional.

Los “nuevos hechos” se diferencias de los “hechos nuevos” en tanto los primeros no tienen relación directa con el hecho inicialmente demandado en la Acción de Defensa, pero sobre todo, porque alteran sustancialmente el  objeto  de  la  pretensión primigenia,  por cualquiera de sus elementos: sujetos, causa y objeto.

Los “nuevos hechos” en la jurisprudencia del TCP

Precisado la diferencia entre “nuevo hecho” y “hecho nuevo”, tenemos que el TCP ha consolidado el criterio jurisprudencial que de manera posterior a la presentación y admisión de una Acción de Amparo:

no pueden alegarse nuevos hechos y derechos como vulnerados, alterando de manera relevante los hechos expuestos y que sirvieron de fundamento fáctico del recurso”[6].

Ahora bien, ante la ocurrencia de “nuevos hechos” posteriores a la presentación, admisión y resolución de una Acción de Amparo (en la fase de audiencia, en la fase de revisión ante el TCP o inclusive en la fase de ejecución de la Acción de Amparo) es jurídicamente posible la:

interposición de una nueva Acción de Amparo en ejecución de una primera Acción de Amparo Constitucional, conforme lo ha establecido el TCP en la fundadora SCP 0184/2013-L de 8 de abril, en su F.J. III.2”:

El argumento neurálgico para permitir una nueva Acción de Amparo en ejecución de una anterior Acción de Amparo es –precisamente- que el “nuevo hecho” altera sustancialmente el  objeto  de  la  pretensión de la Acción de Amparo que se está ejecutando,  por cualquiera de sus elementos: sujetos, causa y objeto.

En ese orden de ideas, el TCP tiene la obligación constitucional de estudiar cada caso en concreto, confrontando las normas aplicables a la luz de los principios rectores y garantías consagradas en la Norma Fundamental.

La jurisprudencia constitucional boliviana ha dado casos interesantes respectos a los límites de la cosa juzgada constitucional tutelar. Por ejemplo:

La SCP 0335/2014-S3 de 09 de abril, en su F.J. III.4:

“Consiguientemente, con referencia a la presente acción de amparo constitucional, se aclara que no se presenta la figura de identidad de sujeto, objeto y causa, en razón a que son diferentes las autoridades demandadas y los hechos denunciados, pues en la primera acción de amparo constitucional, se denunció una suspensión ilegal de funciones por parte de la directiva del Concejo Municipal, mientras que en la segunda se reclama la negativa a cancelar haberes por parte del Alcalde ahora demandado. En ese ámbito, la intención de la presente acción tutelar, no es la de denunciar el incumplimiento de la sentencia emitida en la primera acción, pues se reitera que los hechos reclamados y las autoridades demandadas, en ambas acciones, son distintas”.

La SCP 0329/2015-S3 de 27 de marzo, en su F.J. III.2:

“Previo a verificar el cumplimiento de los presupuestos requeridos para realizar el análisis solicitado, este Tribunal considera necesario aclarar que el objeto de la presente acción tutelar es diferente al denunciado en el expediente 06147-2014-13-AAC, debido a que en aquella oportunidad se pidió el retorno a su fuente laboral, puesto que contaba con una sentencia judicial que declaró nula la renuncia irrevocable que presentó; mientras que ahora solicita la nulidad de la RA SSC-005/2005 de 24 de enero, y su notificación, así como la protección reforzada en razón a que tiene un hijo con discapacidad auditiva.

Bajo ese contexto, al advertirse que el objeto procesal en esta acción tutelar es diferente a la anterior, este Tribunal pasa a examinarlo, previa verificación de los presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional”.

Finalmente, en el ejercicio de nuestra solución de Litigio Constitucional en Carlos Miranda Ramirez – Razonamientos Constitucionales:

el TCP ha acogido plenamente nuestra tesis sobre un caso jurídico complejo, (véase la SCP 0234/2017-S2 de 20 de marzo, en su F.J. III.2) en la cual hemos aplicado los “nuevos hechos” como límites a la cosa juzgada constitucional tutelar, precisamente, para la defensa adecuada, efectiva y tempestiva de los derechos fundamentales de nuestro cliente”.

Conclusiones

La cosa juzgada constitucional tutelar no es absoluta, pues, cuando no hay identidad de objeto, de causa o de partes, es posible que un juez de garantías constitucionales y el propio TCP se pronuncie, aún en ejecución de una anterior Acción de Amparo Constitucional.

Aquella posibilidad, es más una obligación constitucional del juez de garantías y del TCP, en tanto es su deber estudiar cada caso en concreto, confrontando las normas aplicables a la luz de los principios rectores y garantías consagradas en la Norma Fundamental.

En Carlos Miranda Ramirez – Razonamientos Constitucionales proporcionamos al cliente una teoría del caso consistente y coherente, mediante argumentos constitucionales específicos a su caso jurídico difícil, como los límites a la cosa juzgada constitucional en Acciones de Defensa.

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[1] SCP 0271/2014 de 12 de febrero, F.J. III.2.

[2] SC 0328/2010-R de 15 de junio, F.J. III.2.

[3] GOZAÍNI,  Osvaldo  A., “Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires

comentado y anotado”, Editorial La Ley, Tomo II año 2003, p. 14.

[4] SCP 591/2013 de 21de mayo, F.J. III.2.

[5] HITTERS, Juan Manuel, “Hechos nuevos, sobrevinientes, nuevos hechos y nuevos documentos”, en LA LEY 17/03/2008, – LA LEY 2008-B, 998.

[6] Véase las SC 0345/2011-R en su F.J. III.1; SCP 0175/2012 en su F.J. III.2; SCP 0907/2013-L en su F.J. III.4.